En la Declaración para el Diálogo Social, firmada en julio de 2004, CCOO y UGT, CEOE y CEPYME y el Presidente del Gobierno, nos comprometimos en el desarrollo de la estrategia definida por la UE en el Consejo de Lisboa, en la que la educación y la formación constituyen uno de los pilares para la consecución de un modelo de crecimiento basado en la competitividad, el empleo de calidad y la cohesión social.

Compromiso inaplazable a la vista de los distintos indicadores europeos sobre la educación y formación, que sitúan a nuestro país en el furgón de cola con respecto a la mayoría de los países de nuestro entorno. Entre los indicadores más negativos hay que destacar el abandono escolar, con la consecuencia evidente de un gran número de jóvenes con escasa cualificación, el descenso en la inversión pública en los últimos años con respecto al PIB y la menor participación de trabajadores y trabajadoras en la formación.

CCOO hemos priorizado estos objetivos en la negociación que ha concluido con el Acuerdo Tripartito de Formación para el Empleo y en el que hemos conseguido compromisos importantes para incidir en la solución de algunos de los problemas detectados, especialmente en cuanto a la mejora de las posibilidades de acceso a la< formación y de la calidad de la misma.

Por otra parte, CCOO entendimos que este Acuerdo debía ser coherente con los objetivos e instrumentos previstos en la Ley 5/02 de las Cualificaciones y la Formación Profesional, que pretende la mejora del conjunto de la formación profesional, incluida la formación del sistema educativo. Entre dichos instrumentos se han regulado el Catálogo Nacional de Cualificaciones y los Centros Integrados de Formación Profesional.

Entre los compromisos suscritos en el Acuerdo de Formación habría que destacar:

• La integración de la formación ocupacional y de la formación continua en el marco del desarrollo de la Ley de Cualificaciones y Formación Profesional, con el fin de superar la rigidez normativa y la separación artificial de la formación, ya sea que esta se dirija a personas ocupadas o desempleadas, separación que dificulta la participación. Dicha integración debe expresarse en la regulación, mediante una norma estatal, de un único subsistema de Formación para el Empleo.
  
• La articulación entre la responsabilidad de las distintas administraciones y la inserción de la formación en la negociación colectiva sectorial, que se traduce en la participación tripartita y paritaria en el subsistema de Formación para el Empleo de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y la administración, tanto a nivel estatal como autonómico.
  La articulación de las perspectivas sectorial y territorial debe incidir en una eficaz adaptación de la formación a las distintas necesidades, mejorando la respuesta a las especificidades territoriales, y vinculando estas a las tendencias de carácter sectorial.
  
• La existencia de una oferta de formación modular referida al Catálogo Nacional de Cualificaciones, impartida en centros públicos y homologados (Centros Integrados especialmente) y acreditada por las administraciones competentes, incentivará la participación, y permitirá acabar con otro de los grandes déficits de la actual formación, como es la falta de reconocimiento formal.
  
• Se consolida y mejora el derecho personal a la formación de los trabajadores a través de distintas fórmulas. Con carácter general la oferta sectorial no se restringe a los trabajadores y trabajadoras encuadrados en el sector, facilitando el acceso a cualificaciones de otros sectores, lo que contribuye a la empleabilidad y pone a disposición del conjunto de personas activas alternativas para enfrentar situaciones de incertidumbre o precariedad laboral. Por otra parte se consolida el Permiso Individual de Formación y se amplían las posibilidades de solicitud, al incluir bajo su cobertura la formación modular, observar la asignación de fondos específicos para estos permisos, entender la participación en formación no exclusivamente como asistencia, así como requerir a la empresa basar la negativa a su concesión en causas objetivas.
  
• Por otra parte se consolidan los derechos de la Representación Legal de los Trabajadores, tanto en la formación de demanda (diseñada por las empresas), como en los Permisos Individuales de Formación.
  
• En cuanto a la mejora de la inversión, el Gobierno asume la necesidad, a partir de 2007, de una mayor aportación de recursos económicos que complementen la cuota de Formación Profesional.

Corresponde ahora al Gobierno desarrollar normativamente estos compromisos y esperamos que lo haga sin más demora para que el nuevo modelo de ‘Formación para el Empleo’ pueda entrar en vigor el próximo año.

El reto, tanto para las administraciones como para los Interlocutores Sociales es importante, mejorar la formación para mejorar la calidad del empleo , la empleabilidad de las personas y las posibilidades de desarrollo profesional y personal como fórmula para lograr una economía basada en la cualificación y el conocimiento, única vía para consolidar y mejorar la cohesión social.

Madrid, 19 de Septiembre de 2006

Gregorio Marchán Redond
Secretario Confederal de Formación para el Empleo-CCOO.